1.1. Introducción
La Constitución española y los estatutos de autonomía establecen el derecho universal de todos los ciudadanos a la cultura, en consonancia con las políticas de otros Estados democráticos. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que existan los organismos que la desarrollen en todas sus formas, con vocación de servicio a la sociedad y atendiendo al ejercicio de ese derecho.
Por lo tanto, los Estados y los correspondientes entes públicos locales y autonómicos tienen la obligación de investigar, promover, respetar y proteger la cultura, entendida como bien esencial de irrenunciable servicio público, que ayuda a la construcción del espíritu cívico de las personas.
Dentro del campo de las artes visuales, es la Administración pública la que debe facilitar un ecosistema que mejore los mecanismos de protección social, económica y laboral de los artistas y profesionales de la cultura.