3.1. Salidas profesionales y situación actual
3.1.4. Externalización de los servicios
Las dificultades de acceso al empleo público se agravan por un problema abismal del sector público: la externalización de los servicios. Como ya se adelantó en el apartado «1. El arte como servicio público y derecho social», la externalización de la mediación cultural, regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, ha afectado negativamente al ámbito profesional, ya que su «empleabilidad se sitúa, mayoritariamente, en las instituciones públicas y en la externalización que estas hacen de los servicios que prestan, debido al modelo de desarrollo que se ha ido imponiendo en los últimos años» (Pedagogías invisibles, 2019, pág. 50). Además, la mayoría de las empresas contratadas no se dedican de manera exclusiva a los servicios culturales. Por otra parte, la Ley de Contratos del Sector Público diferencia entre contratos de servicios menores (inferiores a 15.000 €) y licitaciones o contratos mayores (los que están por encima de esta cifra). Dado el interés institucional en evitar las licitaciones, la oferta de contratos menores por obra o servicio conlleva una bajada general de los presupuestos que se presentan a las convocatorias. A pesar de existir un límite de contratos menores por órgano de contratación, el ahorro tiene peso en las designaciones. Los proyectos elegidos suelen ser los que más baratos prestan sus servicios, por lo que contribuyen a la contratación a la baja, a la reducción de los honorarios y a la precarización de las personas trabajadoras.
Otro gran problema del sector es lo que coloquialmente se conoce como «falsos autónomos», una práctica demasiado común en el mundo de la cultura. Estos trabajadores no se pueden acoger al Estatuto de los Trabajadores, ni al convenio colectivo, por lo que no se les reconoce ninguno de los derechos de los asalariados. Como autónomos, facturan a la empresa que contrata sus servicios y se encargan de tributar trimestralmente. Sin embargo, lo que les da el calificativo de «falsos» es su ejercicio indefinido dentro de la misma entidad contratante. Las educadoras del MUSAC en 2011, las de ARTIUM en 2013 y las del CA2M en 2015 ganaron sendos procesos judiciales y el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras, y lograron, en primer lugar, que se las reconociera como tales y que su actividad pasara a estar regulada como asalariadas. No obstante, este reconocimiento –sin desposeerlo de la relevancia que merece– puede leerse como lo que en sociología se conoce como «movimientos ambiguamente laterales» (Senett, 2000): cambios laborales que implican un movimiento lateral en la escala piramidal aunque su apariencia es falsamente ascendente.
Como ya se ha mencionado, la incidencia de la COVID-19 sobre la situación laboral de las trabajadoras culturales supuso una bajada estrepitosa de los ingresos para gran parte de sus productores, que ya antes se caracterizaba por la precariedad. Esto se reflejó principalmente en el sector privado y el tercer sector, pero también en el público, que debe ser el principal soporte en épocas de crisis. En cualquier caso, se puede afirmar que las medidas sanitarias produjeron un efecto de descentralización en todos los sectores culturales. Aunque parte de las actividades se trasladaron a canales telemáticos, otras muchas se cancelaron y la pérdida de público siguió aumentando. Con la intención de salir adelante, muchas personas se vieron en la obligación de flexibilizar sus horarios y teletrabajar. Entonces la descentralización del poder solo puede ser entendida sobre el trabajo, no sobre los cuerpos que trabajan. Estos efectos, aunque originados por una crisis sanitaria concreta, revelan la fragilidad previa y tal vez marquen las próximas mutaciones laborales del sector.
Es imprescindible tener en cuenta que el impacto económico en este sector no solo afecta a los agentes culturales, sino que se viraliza hasta fusionarse con las situaciones desfavorables de los otros mercados –inmobiliario, turístico, educativo, editorial– con los que conecta mediante las políticas públicas. Para visibilizar esta realidad, la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) publicó en 2020 un Informe sobre la Situación Laboral de las Educadoras y Mediadoras Culturales en el marco del COVID-19. Del texto se puede extraer una importante reflexión sobre la actitud que se debe adoptar frente a la crisis cultural:
«Nos encontramos en un punto de inflexión histórico en el que tenemos el deber de trabajar para volver a colocar la cultura y sus prácticas en el centro, apostando por un modelo basado en la democracia cultural. Un modelo que necesariamente debe ser apoyado y reforzado por las instituciones culturales, espacio en el cual, tal y como se constata en este informe, desarrollan su profesión la mayoría de las educadoras y mediadoras culturales».
Para el desarrollo de la actividad cultural profesional es muy importante disponer de datos contrastados, estudios científicos rigurosos e hipótesis fundamentadas en evidencias, como los informes de AMECUM y Pedagogías invisibles, así como de las diversas asociaciones de artistas (PAAC, AVVAC, UniónAC, etc.). Las funciones de los agentes culturales evolucionan de manera conjunta con respecto al contexto que ocupan y quedan establecidas por las políticas culturales en vigor, motivo por el que es fundamental conocer y saber tratar con la burocracia. Los años de crisis han replanteado las estrategias de la gestión cultural y la captación de fondos y financiación pública.
Las instituciones públicas tienen la capacidad de decidir sobre gran parte de la contratación y de los contenidos culturales que se visibilizan y que, por lo tanto, son accesibles a un público más amplio. Asimismo, estos contenidos se predisponen a generar mayores rentabilidades por y para el mercado. La gestión pública se rige por unos criterios legitimados que contribuyen al mismo tiempo a la legitimación de la propia institución. Los plazos estipulados y los recursos distribuidos son engranajes de este sistema que necesita autolegitimarse.